Un nuevo proyecto de ley propuesto en Virginia Occidental podría permitir al tesoro del estado invertir hasta el 10 % de sus activos en metales preciosos y determinados activos digitales, lo que supone un cambio cauteloso pero notable hacia formas alternativas de almacenamiento de valor por parte de un gobierno estatal.

Presentada por el legislador Chris Rose, la Ley de Protección contra la Inflación tiene como objetivo proteger contra la inflación y la devaluación de la moneda, en lugar de reformar la estrategia de inversión general del Tesoro. La legislación permitiría inversiones en metales preciosos, monedas estables aprobadas y activos digitales que cumplan criterios específicos.

Un requisito clave es que los activos digitales elegibles deben haber tenido una capitalización bursátil superior a 750 000 millones de dólares en el año natural anterior. A partir de enero, este umbral limita efectivamente las inversiones al bitcoin, excluyendo las criptomonedas más pequeñas y garantizando que la liquidez y la escala sigan siendo cuestiones fundamentales.

El proyecto de ley también estipula que los activos digitales se mantengan a través de custodios externos cualificados, productos cotizados en bolsa u otros acuerdos de custodia seguros. Las monedas estables se enfrentan a condiciones más estrictas: deben obtener la aprobación regulatoria explícita del gobierno federal de los Estados Unidos o de los estados individuales antes de que el Tesoro pueda invertir en ellas.

Virginia Occidental no es la única en explorar este tipo de medidas. Varios estados de EE. UU. han debatido propuestas similares recientemente. Aunque a lo largo de 2025 se presentaron muchos proyectos de ley, solo unos pocos estados, como Texas, Arizona y Nuevo Hampshire, han aprobado leyes que permiten las reservas de criptomonedas o los marcos de inversión a nivel estatal.

Actualmente, el futuro político del proyecto de ley de Virginia Occidental es incierto. Se ha remitido al Comité de Banca y Seguros de la legislatura, donde se examinarán cuestiones como la gestión de riesgos, la volatilidad de los activos y la obligación fiduciaria. Aún no está claro si el proyecto de ley obtendrá el respaldo suficiente para pasar a la votación legislativa completa.

Para los operadores de divisas, esta evolución ilustra una tendencia gubernamental más amplia hacia el reconocimiento de activos alternativos, a menudo tras importantes subidas de precios. Si bien el interés a nivel estatal puede mejorar la reputación del bitcoin y los metales preciosos como coberturas macroeconómicas, estos respaldos tienden a llegar tarde en los ciclos de los activos y pueden no provocar nuevas subidas de precios.

En particular, el proyecto de ley refuerza la imagen del bitcoin como un activo de reserva, en lugar de una criptomoneda especulativa. Dado el sólido rendimiento reciente del bitcoin, es poco probable que la inversión incremental del gobierno actúe como un catalizador importante, pero puede indicar una creciente aceptación generalizada.

En cuanto a los metales preciosos como el oro y la plata, la legislación complementa su función establecida como cobertura contra la inflación. Al igual que con las criptomonedas, el apoyo oficial suele seguir a las subidas prolongadas, lo que ofrece validación, pero no necesariamente un nuevo impulso.

En general, aunque el proyecto de ley respalda la credibilidad a largo plazo de los activos alternativos, los operadores de divisas deben abordar las expectativas de precios a corto plazo con cautela.

Fuente original: Eamonn Sheridan de investinglive.com